En el último episodio de ese más tira que afloja, entre los nacionalistas y el Estado de derecho, que supone la llamada guerra de las banderas, la mayoría de los medios de comunicación han pasado por alto un detalle más grave, si cabe, que la tomadura de pelo que supone colocar solamente veinte minutos la bandera española en el ayuntamiento de Bilbao: nuestra bandera nacional no ocupaba el lugar preeminente y de máximo honor, tal y como establece en sus artículos tercero y sexto la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas; quedando, por su posición, subordinada a la ikurriña.
Dicho conflicto, creado solamente por los independentistas, dura ya casi 30 años. Tiempo excesivo sin que ninguno de los gobiernos que hemos tenido, hasta la fecha, haya hecho lo suficiente para solucionarlo; dejando pasar el tiempo por un oportunismo político que, a cada día que pasa, hace más difícil su solución.
Las consecuencias principales de esta situación son dos: por un lado, la posición de fuerza que se está dejando tomar a los nacionalistas, que les permite avanzar en la destrucción de la Constitución y de la Nación española, y por otro, la pérdida de la confianza de los españoles en el Estado de derecho, al ver día a día como éste, por ése y otros asuntos, es incapaz de garantizar sus derechos e imponer sus obligaciones a todos los ciudadanos, lo que, a la larga, se traducirá en el descrédito del sistema democrático, que ya se vislumbra por el continuo incremento de la abstención electoral, y que podría traer nuevas formas de populismo totalitario.
Cuando el 16 de mayo un estudiante español, junto a otros compañeros, fue detenido por robo y ultraje a la bandera letona, a muchos les pareció excesiva la pena de hasta 6 años de cárcel con la que podía pagar su gamberrada. Probablemente, lo único que pretendían era llevarse un recuerdo de su viaje, un souvenir, más original que unas toallas sustraídas en un hotel. Y estoy seguro, de que, alguien que pertenece a una generación que no ha sido educada en el respeto a los símbolos nacionales, desconocía la gravedad de su delito: ultrajar un símbolo nacional equivale al ultraje de la propia Nación.
Si a los responsables de cualquier organismo oficial, que intencionadamente no colocan nuestra bandera nacional, la de todos, tal y como marca la ley, se les acusara de ultraje a la bandera, se les mandara unos cuantos años a la cárcel y se les inhabilitara de por vida para un cargo público, se terminaría la guerra de las banderas.
Por cierto, si piensan que este problema es exclusivo de las regiones gobernadas por los nacionalistas, les invito a que se den un paseo por Almuñécar (Granada) donde, además de dos instalaciones deportivas municipales, podrán ver un centro de salud, dependiente de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, en los que la única bandera que ondea al viento, en contra de lo que establece el art. 4 de la Constitución española, es: la de Andalucía.
Dicho conflicto, creado solamente por los independentistas, dura ya casi 30 años. Tiempo excesivo sin que ninguno de los gobiernos que hemos tenido, hasta la fecha, haya hecho lo suficiente para solucionarlo; dejando pasar el tiempo por un oportunismo político que, a cada día que pasa, hace más difícil su solución.
Las consecuencias principales de esta situación son dos: por un lado, la posición de fuerza que se está dejando tomar a los nacionalistas, que les permite avanzar en la destrucción de la Constitución y de la Nación española, y por otro, la pérdida de la confianza de los españoles en el Estado de derecho, al ver día a día como éste, por ése y otros asuntos, es incapaz de garantizar sus derechos e imponer sus obligaciones a todos los ciudadanos, lo que, a la larga, se traducirá en el descrédito del sistema democrático, que ya se vislumbra por el continuo incremento de la abstención electoral, y que podría traer nuevas formas de populismo totalitario.
Cuando el 16 de mayo un estudiante español, junto a otros compañeros, fue detenido por robo y ultraje a la bandera letona, a muchos les pareció excesiva la pena de hasta 6 años de cárcel con la que podía pagar su gamberrada. Probablemente, lo único que pretendían era llevarse un recuerdo de su viaje, un souvenir, más original que unas toallas sustraídas en un hotel. Y estoy seguro, de que, alguien que pertenece a una generación que no ha sido educada en el respeto a los símbolos nacionales, desconocía la gravedad de su delito: ultrajar un símbolo nacional equivale al ultraje de la propia Nación.
Si a los responsables de cualquier organismo oficial, que intencionadamente no colocan nuestra bandera nacional, la de todos, tal y como marca la ley, se les acusara de ultraje a la bandera, se les mandara unos cuantos años a la cárcel y se les inhabilitara de por vida para un cargo público, se terminaría la guerra de las banderas.
Por cierto, si piensan que este problema es exclusivo de las regiones gobernadas por los nacionalistas, les invito a que se den un paseo por Almuñécar (Granada) donde, además de dos instalaciones deportivas municipales, podrán ver un centro de salud, dependiente de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, en los que la única bandera que ondea al viento, en contra de lo que establece el art. 4 de la Constitución española, es: la de Andalucía.
