PATRIOTISMO versus patriotismo pelotero.

Los últimos éxitos deportivos de nuestra selección nacional de fútbol han hecho creer a muchos que ha renacido un nuevo patriotismo, sin complejos y transversal, que ha llegado a todas las capas sociales y al margen de cualquier ideología política.

Uno puede estar orgulloso de su patria por muchas razones: por su historia, por su presente y por su futuro; por un proyecto común que necesita beber de las fuentes de su pasado para alcanzar con éxito su futuro. Un pasado que, en el caso de España, por ser la nación más antigua de Europa, tiene una gran riqueza.

Pero este patriotismo pelotero, que se cimienta simplemente en unos éxitos deportivos, en que solamente nos une lo bien que juegan once jugadores profesionales, no pasará de ser simplemente una flor de un día o con suerte algunas semanas, para luego desvanecerse durante cuatro años.

El diccionario de la RAE define patriota como: Persona que tiene amor a su patria y procura todo su bien.

Por desgracia, hoy en día, tras treinta años enseñando a nuestros hijos desde la escuela, los medios de comunicación, etc.… que eso del amor a la patria es algo negativo y franquista, ya quedan pocos que amen a su patria; si por nuestra patria entendemos a España, porque solamente se puede ser patriota actualmente si por patria se tiene alguna de esas diecisiete realidades nacionales en que han dividido España nuestros políticos, ya sean socialistas, populares o nacionalistas.

En cuanto a lo de que patriota es el que procura todo el bien de su patria, ya no nos quedan políticos (electos) que antepongan el interés general de España al de su partido; y dentro de los votantes tampoco, porque, a fin de cuentas, a estos políticos los votan mayoritariamente los españoles, que sin el más mínimo espíritu crítico año tras año, como auténticos hooligans, dan su voto a su partido para que no salga el contrario.

No podemos olvidar que la desmembración de España está siendo posible gracias a las transferencias a los distintos gobiernos autonómicos; y que la mayor parte de estas transferencias no se dieron en tiempo de Felipe González sino del Sr. Aznar. Zapatero solamente está dando el tiro de gracia a nuestra patria con las nuevas reformas estatutarias, especialmente la catalana, con la ayuda del PP que apoya una reforma calcada a ésta en Andalucía o con su cláusula Camps que equipara el estatuto valenciano al catalán.

Es tarde e inútil hablar a los españoles de patriotismo. Tal vez el único camino de salvación que le queda a nuestra Patria es hacer ver al pueblo los atrasos económicos, el sobre gasto público y las desigualdades que nos ha traído el sistema autonómico a los españoles en función de nuestro lugar de residencia, para forzar a la clase política (o sustituirla por una nueva) a anteponer el bien común a de sus partidos.

La única manera que nos queda para hacer que se cumpla el Art. 139 de la Constitución española, en el que se consagra que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, pasa por el desmantelamiento del sistema autonómico, devolviendo las transferencias al estado y dejando a las regiones la simple gestión de estas competencias.

Cuando todos los españoles tengamos los mismos derechos y obligaciones, tendremos un proyecto común y, ser patriota, será la cosa más normal en España.

¡BASTA YA!

¡Basta ya!, de estériles condenas sin el respaldo de medidas rotundas y concretas frente al terrorismo; ¡basta ya!, de decir que cualquier idea es defendible en democracia si se hace pacíficamente.

¡Basta ya!, de “accidentes mortales”, mientras se sigue negociando con ETA; ¡basta ya!, de buscar la paz con cesiones y no con justicia; y, ¡basta ya!, de hacer inútil la sangre y el sufrimiento de todas las víctimas del terrorismo.

¡Basta ya!, de reformas estatutarias, muchas pactadas entre los partidos mayoritarios, que inventan naciones, dividen a los españoles, y los hacen insolidarios y desiguales. ¡Basta ya!, de pactos con los nacionalistas a cambio de las transferencias necesarias para que alcancen la independencia.

¡Basta ya!, de proponer el endurecimiento de las penas y no reformar la ley para ilegalizar cualquier partido que entre sus fines persiga la desmembración de una parte de España; ¡basta ya!, de retrasar el desarrollo del art. 155 de la Constitución, que permitiría suspender cualquier gobierno autonómico que convocase un referéndum de autodeterminación.

¡Basta ya!, de negarse a reformar una ley electoral que sobredimensiona a los nacionalistas; ¡basta ya!, de prometer el cumplimiento íntegro de las penas y no querer implantar la cadena perpetua.

¡Basta ya!, de plantear reformas insustanciales de la Constitución y de no querer blindar constitucionalmente la unidad de España; ¡basta ya!, de no ver que, para que todos los españoles tengan los mismo derechos, el Estado tiene que recuperar las competencias transferidas; y, ¡basta ya!, de enseñar a nuestros hijos la indiferencia, cuando no el odio, a España.

¡Basta ya!, de decir que ETA es el problema cuando, en realidad, es sólo la consecuencia del auténtico problema: el nacionalismo; ¡basta ya!, de que unos muevan el árbol, ya sea con bombas, negociaciones o transferencias, para que los nacionalistas recojan las nueces de la secesión.

Pero también, ¡basta ya!, de ciudadanos, sin sangre en las venas, que solamente saben quejarse mientras siguen votando a los responsables de esta traición a España y a los españoles.

LA FIESTA DE LA DEMOCRACIA

Lo que más gracia me hace de la llamada fiesta de la democracia es ver como, gane quien gane las elecciones, todos han ganado. Unos porque han sacado más diputados, otros porque han crecido en número de votos, el de más acá porque se ha asentado, el de más allá porque puede ser la llave del gobierno... y todos, todos los diputados y senadores, porque han conseguido ganarse el sueldo de los próximos cuatro años.

Sí. Una vez más, todos ganan y todos perdemos. Porque votar no es suficiente para construir una verdadera democracia, porque seguimos sin poder elegir libremente a nuestros representantes (listas cerradas en el Congreso), porque los votos de cada ciudadano no computan lo mismo según donde residan... y porque, todos, sufrimos la antítesis del pluralismo democrático en forma del peor bipartidismo posible: el que es prisionero de las minorías nacionalistas.

Pero si alguien no tiene derecho a quejarse de nuestro antidemocrático sistema electoral es IU. No es que no me parezca injusto que con más de 900.000 votos obtenga solamente dos diputados frente a los diez de CIU con unos 200.000 votos menos. Lo que no tiene sentido es quejarse ahora cuando, durante la anterior legislatura, tuvieron la oportunidad de solucionarlo en parte.

IU era partidaria, ya que modificar las circunscripciones provinciales supone una reforma de la Constitución, de la creación de un Colegio Nacional de Repartos, como los que existen en Alemania y Austria. Esta formación política proponía aumentar a de 350 a 380 (la Constitución permite hasta 400) el número de diputados; los 350 primeros se repartirían, como hasta ahora, entre las actuales circunscripciones provinciales; creándose una nueva circunscripción nacional en la que se asignarían los restantes, también mediante la Ley D´Hont, entre los votos sobrantes de todas las otras circunscripciones. Obviamente una iniciativa de este tipo, que contaría con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, no está bien vista por los dos grandes partidos nacionales que se benefician del sistema bipartidista español.

Cuando le interesa, la izquierda radical es una maestra en eso de crear tensión y, para una vez que podía prestar un servicio a la democracia, se nos durmió en los laureles: porque, cohabitando a la sombra del poder, se está muy a gusto y... calladito.

KOSOVO Y LA UNIDAD DE ESPAÑA.

La declaración unilateral de independencia de la provincia serbia de Kosovo, en contra del orden internacional establecido por Naciones Unidas, traerá a medio plazo graves consecuencias para la estabilidad en la zona.

Por un lado, se abren las puertas a un nuevo conflicto civil en Serbia, cuyo gobierno cuenta con el apoyo moral y militar de Rusia, mientras que los EE.UU. y sus satélites apoyan a Kosovo para mantener su hegemonía en la región. Por otro, la Unión Europea, carente de todo peso internacional, ha optado basándose en que dicha independencia no crea ningún precedente, por dejar que cada uno de sus miembros decida si reconoce o no la secesión de Serbia proclamada unilateralmente por su provincia de mayoría albanesa. Abriendo, en contra de su normativa interna, con el reconocimiento a favor de Alemania, Bélgica, Bulgaria, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y Suecia, la caja de Pandora de futuros conflictos similares en su seno. O lo que es lo mismo, la pertenencia a la UE no nos garantiza frenar internacionalmente el intento de secesión de cualquiera de nuestras regiones.

En este asunto, la postura del Gobierno Español ha sido de lo más ambigua, mientras que junto a Chipre, Eslovaquia, Grecia y Rumania, no ha reconocido la independencia de Kosovo, al mismo tiempo, va a contribuir a la fuerza internacional que intervendrá en la zona para facilitar el desarrollo de este nuevo país.

En España durante décadas se ha utilizado la educación, en las comunidades gobernadas por los nacionalistas, para adoctrinar en el odio a España, inventando naciones oprimidas donde solamente hay regiones que han contribuido, siglo tras siglo, a hacer grande nuestra Nación. Por no hablar de la “limpieza étnica” que se ha producido en vascongadas, en la que, mediante la coacción del terrorismo callejero y la falta de libertad que sufren los no nacionalistas, se ha forzado al auto-exilio a más de 250.000 vascos. Con el único fin de alcanzar una mayoría nacionalista que les garantice el sí en un referéndum de autodeterminación, saltándose el principio constitucional de que la soberanía reside en “todo” el pueblo español.

Por todo esto se hace necesaria, e indemorable, una reforma constitucional que blinde la unidad de España. Pero no una reforma como la que pretende el Partido Popular, basada en definir las competencias del estado a partir de las pocas que no se han transferido ya por los distintos gobiernos, directamente o mediante las reformas estatuarias, a los nacionalistas.

La reforma constitucional que necesitamos, y por la que apuesta Alternativa Española (AES), empieza por incluir, como lo hacen otras constituciones, una declaración de salvaguarda de la unidad de España, y por la recuperación por parte del estado de las competencias en materias como las sociosanitarias, educación, seguridad… así como la prohibición de cualquier partido político que tenga entre sus fines la disgregación de España.

Además, desde Alternativa Española (AES) proponemos una serie de medidas, encaminadas a acabar con el cáncer nacionalista y su desproporcionada representación electoral, entre las que se encuentran: el desarrollo orgánico del art. 155 de la Constitución, la reforma de la actual ley electoral para que un tercio de la cámara de representantes sea elegida mediante lista abierta en una única circunscripción nacional, y la promoción de la educación en el amor a la Patria y a sus símbolos desde la Infancia.

Con este tipo de medidas se garantizaría, además de la unidad de España, la igualdad de todos los españoles, en derechos y obligaciones, con independencia de la región en la que residan. Igualdad que recoge, pero no garantiza, nuestra Carta Magna.

12 DE OCTUBRE: PATRIOTISMO DE ¿UN DÍA?

En esta España, la nuestra, si algo nos sobra, es ese complejo que tienen muchos a sentirse orgullosos de ser españoles, por miedo a ser tachados de “fachas”; excepto, por supuesto, cuando juega (bien) nuestra selección nacional. Por eso tengo que felicitar a NN.GG. por su campaña “Somos España”, en la que animan a todos los españoles a que salgan a la calle, por encima de ideologías, para festejar el día de la Hispanidad.

Pretenden, mediante esta iniciativa, hacer una defensa de España y de sus símbolos, frente a los ataques que están sufriendo a manos de los independentistas. Ataques que, además de ultrajar nuestra bandera, arremeten contra al Jefe del Estado con el único fin de crear un debate ficticio entre Monarquía o República, para posibilitar el advenimiento de una III República que serviría de coartada al desmantelamiento y desaparición de España.

Un día como el de la Hispanidad, tan señalado para la Historia y el ser de España, es el más apropiado para mostrar públicamente el orgullo de ser español. Pero, el envolverse en nuestra enseña, no es suficiente para frenar esta orgía independentista que nos embiste, mientras el Gobierno deja campar a sus anchas a las minorías nacionalistas.

La situación actual en España es tan excepcional que, si alguien no hace algo para poner freno a los ataques que sufre el Estado de derecho y nuestra Carta Magna, puede ser irreversible. Y, ante situaciones excepcionales, se requieren medidas excepcionales: por eso, la única respuesta posible a la convocatoria del referéndum independentista por parte del Gobierno Vasco es la suspensión de su Estatuto de Autonomía, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Sr. Rajoy: ¿será usted capaz de promover esta medida desde el senado, donde su grupo cuenta con mayoría, o seguirá dando respuestas a la gallega, mientras se reviste con la bandera de España, pensando en sus pactos postelectorales? Mientras se decide, permítame que le recuerde la definición que sobre patriota da la RAE: “Persona que tiene amor a su patria y procura todo su bien”.

EL FIN DE LA GUERRA DE LAS BANDERAS.

En el último episodio de ese más tira que afloja, entre los nacionalistas y el Estado de derecho, que supone la llamada guerra de las banderas, la mayoría de los medios de comunicación han pasado por alto un detalle más grave, si cabe, que la tomadura de pelo que supone colocar solamente veinte minutos la bandera española en el ayuntamiento de Bilbao: nuestra bandera nacional no ocupaba el lugar preeminente y de máximo honor, tal y como establece en sus artículos tercero y sexto la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas; quedando, por su posición, subordinada a la ikurriña.

Dicho conflicto, creado solamente por los independentistas, dura ya casi 30 años. Tiempo excesivo sin que ninguno de los gobiernos que hemos tenido, hasta la fecha, haya hecho lo suficiente para solucionarlo; dejando pasar el tiempo por un oportunismo político que, a cada día que pasa, hace más difícil su solución.

Las consecuencias principales de esta situación son dos: por un lado, la posición de fuerza que se está dejando tomar a los nacionalistas, que les permite avanzar en la destrucción de la Constitución y de la Nación española, y por otro, la pérdida de la confianza de los españoles en el Estado de derecho, al ver día a día como éste, por ése y otros asuntos, es incapaz de garantizar sus derechos e imponer sus obligaciones a todos los ciudadanos, lo que, a la larga, se traducirá en el descrédito del sistema democrático, que ya se vislumbra por el continuo incremento de la abstención electoral, y que podría traer nuevas formas de populismo totalitario.

Cuando el 16 de mayo un estudiante español, junto a otros compañeros, fue detenido por robo y ultraje a la bandera letona, a muchos les pareció excesiva la pena de hasta 6 años de cárcel con la que podía pagar su gamberrada. Probablemente, lo único que pretendían era llevarse un recuerdo de su viaje, un souvenir, más original que unas toallas sustraídas en un hotel. Y estoy seguro, de que, alguien que pertenece a una generación que no ha sido educada en el respeto a los símbolos nacionales, desconocía la gravedad de su delito: ultrajar un símbolo nacional equivale al ultraje de la propia Nación.

Si a los responsables de cualquier organismo oficial, que intencionadamente no colocan nuestra bandera nacional, la de todos, tal y como marca la ley, se les acusara de ultraje a la bandera, se les mandara unos cuantos años a la cárcel y se les inhabilitara de por vida para un cargo público, se terminaría la guerra de las banderas.

Por cierto, si piensan que este problema es exclusivo de las regiones gobernadas por los nacionalistas, les invito a que se den un paseo por Almuñécar (Granada) donde, además de dos instalaciones deportivas municipales, podrán ver un centro de salud, dependiente de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, en los que la única bandera que ondea al viento, en contra de lo que establece el art. 4 de la Constitución española, es: la de Andalucía.

EL PP Y SU INSUFICIENTE REFORMA DE LA LEY ELECTORAL.

D. José Manuel Otero Novas, en una reciente entrevista al semanario Época (25.05.2007), reconocía que el sistema electoral español fue aprobado durante la Transición, con carácter provisional, solamente para el periodo constituyente; con el fin de que, por consenso, todas las fuerzas políticas sancionaran la Constitución. Además, resaltaba el hecho de que, dicho sistema, prácticamente impone un bisagrismo -antidemocrático- que hace que las minorías tengan casi tanto peso como las mayorías.

La pasada semana D. Mariano Rajoy nos sorprendió con su propuesta de reforma de la ley electoral. Un radical cambio de postura por parte de alguien que hace poco, en el programa “tengo una pregunta para usted”, se negó rotundamente a aceptar dicha posibilidad, a pesar de reconocer que dicha ley perjudicaba a su partido.

Parece que las últimas elecciones autonómicas y municipales han hecho recapacitar al principal partido de la Oposición. Seguramente, el hecho de que haya perdido el gobierno de ayuntamientos y comunidades, en los que su partido ha sido el más votado, ha tendido que pesar mucho en ese cambio de posicionamiento.

Muchos votantes se alegrarán de que, al fin, alguien se decida a afrontar una necesaria reforma, demorada por todos los gobiernos anteriores, precisamente, por las cesiones a los nacionalismos que son los más beneficiados por nuestro sistema electoral. Pero, en realidad, la reforma que propone el PP es un parche que no soluciona el problema.

El principal problema del PP es que, a diferencia del PSOE que cuenta con IU, no tiene ningún partido nacional con quien gobernar. Por lo que su reforma, aunque posibilitaría que siempre gobernara el partido más votado, no le garantiza la gobernabilidad si no obtiene mayoría absoluta. El PP tendría que seguir tendiendo la mano a las minorías nacionalistas, pagándoles el precio que quieren: la liquidación de España.

La reforma que nos propone es claramente insuficiente, ya que no garantiza, tal y como establece la Constitución en el art.1.2, que la soberanía nacional resida realmente en el pueblo; seguiría impidiendo que los ciudadanos elijan libremente a sus representantes y que el voto de todos los españoles compute por igual. Reformas de la ley electoral, como las listas abiertas o la modificación de la Ley d'Hondt, para garantizar que el número de escaños que obtenga cada partido sea el equivalente al que se obtendría con una circunscripción única, son más importantes que garantizar que gobierne la lista más votada.

La razón por la que, los dos principales partidos, no se plantean emprender una reforma a fondo de la ley electoral, radica en el miedo que tienen a perder su estatus de partidos mayoritarios. Ya que, La reforma de la Ley d'Hondt, posibilitaría que otros partidos nacionales les hicieran sombra o, incluso, pudieran llegar a sustituirlos. Y es que, para los que el poder no es un medio para alcanzar el bien común, sino un fin en sí mismo, no hay ningún impedimento en dejar que gobiernen las minorías a cambio de poder sentarse en el sillón presidencial.

España necesita una segunda Transición; pero no la que ha puesto en marcha zapatero, dinamitando el estado y la constitución mediante las reformas estatutarias, sino una que proteja a nuestra Nación de los anticonstitucionales nacionalismos; y, para esto, los españoles necesitamos pasar de la democracia representativa, a la participativa.