¡BASTA YA!

¡Basta ya!, de estériles condenas sin el respaldo de medidas rotundas y concretas frente al terrorismo; ¡basta ya!, de decir que cualquier idea es defendible en democracia si se hace pacíficamente.

¡Basta ya!, de “accidentes mortales”, mientras se sigue negociando con ETA; ¡basta ya!, de buscar la paz con cesiones y no con justicia; y, ¡basta ya!, de hacer inútil la sangre y el sufrimiento de todas las víctimas del terrorismo.

¡Basta ya!, de reformas estatutarias, muchas pactadas entre los partidos mayoritarios, que inventan naciones, dividen a los españoles, y los hacen insolidarios y desiguales. ¡Basta ya!, de pactos con los nacionalistas a cambio de las transferencias necesarias para que alcancen la independencia.

¡Basta ya!, de proponer el endurecimiento de las penas y no reformar la ley para ilegalizar cualquier partido que entre sus fines persiga la desmembración de una parte de España; ¡basta ya!, de retrasar el desarrollo del art. 155 de la Constitución, que permitiría suspender cualquier gobierno autonómico que convocase un referéndum de autodeterminación.

¡Basta ya!, de negarse a reformar una ley electoral que sobredimensiona a los nacionalistas; ¡basta ya!, de prometer el cumplimiento íntegro de las penas y no querer implantar la cadena perpetua.

¡Basta ya!, de plantear reformas insustanciales de la Constitución y de no querer blindar constitucionalmente la unidad de España; ¡basta ya!, de no ver que, para que todos los españoles tengan los mismo derechos, el Estado tiene que recuperar las competencias transferidas; y, ¡basta ya!, de enseñar a nuestros hijos la indiferencia, cuando no el odio, a España.

¡Basta ya!, de decir que ETA es el problema cuando, en realidad, es sólo la consecuencia del auténtico problema: el nacionalismo; ¡basta ya!, de que unos muevan el árbol, ya sea con bombas, negociaciones o transferencias, para que los nacionalistas recojan las nueces de la secesión.

Pero también, ¡basta ya!, de ciudadanos, sin sangre en las venas, que solamente saben quejarse mientras siguen votando a los responsables de esta traición a España y a los españoles.

LA FIESTA DE LA DEMOCRACIA

Lo que más gracia me hace de la llamada fiesta de la democracia es ver como, gane quien gane las elecciones, todos han ganado. Unos porque han sacado más diputados, otros porque han crecido en número de votos, el de más acá porque se ha asentado, el de más allá porque puede ser la llave del gobierno... y todos, todos los diputados y senadores, porque han conseguido ganarse el sueldo de los próximos cuatro años.

Sí. Una vez más, todos ganan y todos perdemos. Porque votar no es suficiente para construir una verdadera democracia, porque seguimos sin poder elegir libremente a nuestros representantes (listas cerradas en el Congreso), porque los votos de cada ciudadano no computan lo mismo según donde residan... y porque, todos, sufrimos la antítesis del pluralismo democrático en forma del peor bipartidismo posible: el que es prisionero de las minorías nacionalistas.

Pero si alguien no tiene derecho a quejarse de nuestro antidemocrático sistema electoral es IU. No es que no me parezca injusto que con más de 900.000 votos obtenga solamente dos diputados frente a los diez de CIU con unos 200.000 votos menos. Lo que no tiene sentido es quejarse ahora cuando, durante la anterior legislatura, tuvieron la oportunidad de solucionarlo en parte.

IU era partidaria, ya que modificar las circunscripciones provinciales supone una reforma de la Constitución, de la creación de un Colegio Nacional de Repartos, como los que existen en Alemania y Austria. Esta formación política proponía aumentar a de 350 a 380 (la Constitución permite hasta 400) el número de diputados; los 350 primeros se repartirían, como hasta ahora, entre las actuales circunscripciones provinciales; creándose una nueva circunscripción nacional en la que se asignarían los restantes, también mediante la Ley D´Hont, entre los votos sobrantes de todas las otras circunscripciones. Obviamente una iniciativa de este tipo, que contaría con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, no está bien vista por los dos grandes partidos nacionales que se benefician del sistema bipartidista español.

Cuando le interesa, la izquierda radical es una maestra en eso de crear tensión y, para una vez que podía prestar un servicio a la democracia, se nos durmió en los laureles: porque, cohabitando a la sombra del poder, se está muy a gusto y... calladito.

KOSOVO Y LA UNIDAD DE ESPAÑA.

La declaración unilateral de independencia de la provincia serbia de Kosovo, en contra del orden internacional establecido por Naciones Unidas, traerá a medio plazo graves consecuencias para la estabilidad en la zona.

Por un lado, se abren las puertas a un nuevo conflicto civil en Serbia, cuyo gobierno cuenta con el apoyo moral y militar de Rusia, mientras que los EE.UU. y sus satélites apoyan a Kosovo para mantener su hegemonía en la región. Por otro, la Unión Europea, carente de todo peso internacional, ha optado basándose en que dicha independencia no crea ningún precedente, por dejar que cada uno de sus miembros decida si reconoce o no la secesión de Serbia proclamada unilateralmente por su provincia de mayoría albanesa. Abriendo, en contra de su normativa interna, con el reconocimiento a favor de Alemania, Bélgica, Bulgaria, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y Suecia, la caja de Pandora de futuros conflictos similares en su seno. O lo que es lo mismo, la pertenencia a la UE no nos garantiza frenar internacionalmente el intento de secesión de cualquiera de nuestras regiones.

En este asunto, la postura del Gobierno Español ha sido de lo más ambigua, mientras que junto a Chipre, Eslovaquia, Grecia y Rumania, no ha reconocido la independencia de Kosovo, al mismo tiempo, va a contribuir a la fuerza internacional que intervendrá en la zona para facilitar el desarrollo de este nuevo país.

En España durante décadas se ha utilizado la educación, en las comunidades gobernadas por los nacionalistas, para adoctrinar en el odio a España, inventando naciones oprimidas donde solamente hay regiones que han contribuido, siglo tras siglo, a hacer grande nuestra Nación. Por no hablar de la “limpieza étnica” que se ha producido en vascongadas, en la que, mediante la coacción del terrorismo callejero y la falta de libertad que sufren los no nacionalistas, se ha forzado al auto-exilio a más de 250.000 vascos. Con el único fin de alcanzar una mayoría nacionalista que les garantice el sí en un referéndum de autodeterminación, saltándose el principio constitucional de que la soberanía reside en “todo” el pueblo español.

Por todo esto se hace necesaria, e indemorable, una reforma constitucional que blinde la unidad de España. Pero no una reforma como la que pretende el Partido Popular, basada en definir las competencias del estado a partir de las pocas que no se han transferido ya por los distintos gobiernos, directamente o mediante las reformas estatuarias, a los nacionalistas.

La reforma constitucional que necesitamos, y por la que apuesta Alternativa Española (AES), empieza por incluir, como lo hacen otras constituciones, una declaración de salvaguarda de la unidad de España, y por la recuperación por parte del estado de las competencias en materias como las sociosanitarias, educación, seguridad… así como la prohibición de cualquier partido político que tenga entre sus fines la disgregación de España.

Además, desde Alternativa Española (AES) proponemos una serie de medidas, encaminadas a acabar con el cáncer nacionalista y su desproporcionada representación electoral, entre las que se encuentran: el desarrollo orgánico del art. 155 de la Constitución, la reforma de la actual ley electoral para que un tercio de la cámara de representantes sea elegida mediante lista abierta en una única circunscripción nacional, y la promoción de la educación en el amor a la Patria y a sus símbolos desde la Infancia.

Con este tipo de medidas se garantizaría, además de la unidad de España, la igualdad de todos los españoles, en derechos y obligaciones, con independencia de la región en la que residan. Igualdad que recoge, pero no garantiza, nuestra Carta Magna.

EL PP Y SU INSUFICIENTE REFORMA DE LA LEY ELECTORAL.

D. José Manuel Otero Novas, en una reciente entrevista al semanario Época (25.05.2007), reconocía que el sistema electoral español fue aprobado durante la Transición, con carácter provisional, solamente para el periodo constituyente; con el fin de que, por consenso, todas las fuerzas políticas sancionaran la Constitución. Además, resaltaba el hecho de que, dicho sistema, prácticamente impone un bisagrismo -antidemocrático- que hace que las minorías tengan casi tanto peso como las mayorías.

La pasada semana D. Mariano Rajoy nos sorprendió con su propuesta de reforma de la ley electoral. Un radical cambio de postura por parte de alguien que hace poco, en el programa “tengo una pregunta para usted”, se negó rotundamente a aceptar dicha posibilidad, a pesar de reconocer que dicha ley perjudicaba a su partido.

Parece que las últimas elecciones autonómicas y municipales han hecho recapacitar al principal partido de la Oposición. Seguramente, el hecho de que haya perdido el gobierno de ayuntamientos y comunidades, en los que su partido ha sido el más votado, ha tendido que pesar mucho en ese cambio de posicionamiento.

Muchos votantes se alegrarán de que, al fin, alguien se decida a afrontar una necesaria reforma, demorada por todos los gobiernos anteriores, precisamente, por las cesiones a los nacionalismos que son los más beneficiados por nuestro sistema electoral. Pero, en realidad, la reforma que propone el PP es un parche que no soluciona el problema.

El principal problema del PP es que, a diferencia del PSOE que cuenta con IU, no tiene ningún partido nacional con quien gobernar. Por lo que su reforma, aunque posibilitaría que siempre gobernara el partido más votado, no le garantiza la gobernabilidad si no obtiene mayoría absoluta. El PP tendría que seguir tendiendo la mano a las minorías nacionalistas, pagándoles el precio que quieren: la liquidación de España.

La reforma que nos propone es claramente insuficiente, ya que no garantiza, tal y como establece la Constitución en el art.1.2, que la soberanía nacional resida realmente en el pueblo; seguiría impidiendo que los ciudadanos elijan libremente a sus representantes y que el voto de todos los españoles compute por igual. Reformas de la ley electoral, como las listas abiertas o la modificación de la Ley d'Hondt, para garantizar que el número de escaños que obtenga cada partido sea el equivalente al que se obtendría con una circunscripción única, son más importantes que garantizar que gobierne la lista más votada.

La razón por la que, los dos principales partidos, no se plantean emprender una reforma a fondo de la ley electoral, radica en el miedo que tienen a perder su estatus de partidos mayoritarios. Ya que, La reforma de la Ley d'Hondt, posibilitaría que otros partidos nacionales les hicieran sombra o, incluso, pudieran llegar a sustituirlos. Y es que, para los que el poder no es un medio para alcanzar el bien común, sino un fin en sí mismo, no hay ningún impedimento en dejar que gobiernen las minorías a cambio de poder sentarse en el sillón presidencial.

España necesita una segunda Transición; pero no la que ha puesto en marcha zapatero, dinamitando el estado y la constitución mediante las reformas estatutarias, sino una que proteja a nuestra Nación de los anticonstitucionales nacionalismos; y, para esto, los españoles necesitamos pasar de la democracia representativa, a la participativa.