MÁRTIRES: LA OTRA MEMORIA HISTÓRICA

El próximo 28 de Octubre tendrá lugar en Roma la ceremonia de Beatificación de 498 mártires del siglo XX en España. Estas Beatificaciones están exentas de cualquier connotación política ya que, estos testigos de la Fe, no sufrieron martirio por defender una forma concreta de entender la política sino que fueron asesinados por no apostatar de su Fe y, además, lo hicieron perdonando a sus verdugos. Ese ejemplo que nos dieron, de firmeza en la Fe y de perdón, y el hecho de que estos procesos comenzaron hace décadas demostrarían la falsedad de los que afirman que se producen como respuesta a la situación política concreta en que nos encontramos. Aunque esta argumentación, por otro lado, no es incompatible con el análisis de las circunstancias políticas que propiciaron estos martirios.

La crueldad con que fueron sometidos a horrendos suplicios y el elevado número de mártires (cerca de diez mil) que se produjeron entre la revolución de Asturias (1934) y el final de la Guerra civil (1939), a manos de milicianos marxistas y anarquistas, no permite pensar que fueran víctimas de grupos incontrolados y que no se tratara de algo perfectamente planificado. Porque, en realidad, se estaba recogiendo lo que se había sembrado durante más de cien años.

De la persecución religiosa, en nuestro país, ya encontramos antecedentes en el S. XVII, durante el reinado de Carlos III, con la expulsión de los Jesuitas y la disolución de esta orden por considerarla un freno a las ideas de la Ilustración. Pero el primer antecedente, de persecución y martirio, se produce durante el S. XIX con la llegada tardía de las ideas de la revolución francesa. Durante esta revolución, de corte liberal-masónica, y por tanto anticlerical, no solamente se persiguió intelectualmente a la iglesia y se produjo el expolio de sus bienes mediante la desamortización, sino que, además, se llegó a justificar desde las cortes la matanza de religiosos de 1834. Posteriormente, durante el S. XX, se celebró la llegada de la II República con la quema de iglesias y conventos. Una República asentada sobre una constitución masónica (Link 2, Link 3) que recogió de nuevo la disolución de la Compañía de Jesús y la prohibición de que las órdenes religiosas se dedicaran a la enseñanza, y que acabó propiciando la revolución marxista y anarquista de los años treinta, de carácter antiliberal, pero que fue, si cabe, más anticlerical.

El denominador común de estas revoluciones radicó en convencer a las masas de que la Iglesia era la causa de todos los males del país y el freno a todo progreso humano. Mensaje que, hoy en día, se sigue utilizando cuando los cristianos denunciamos el proceso de ingeniería social, cimentada sobre una moral relativista, a que se está sometiendo nuestra sociedad desde el poder. Cosa que, por otro lado, no es de extrañar pues, la persecución actual, es heredera de las dos anteriores.

Que razón tan grande tenía Juan Pablo II cuando dijo, refiriéndose a la necesidad de continuar con los procesos de beatificación de los mártires del S. XX (de todas las naciones), que se trataba de “Una labor tanto más urgente cuanto que, sobre muchos de ellos, no existe solo el peligro del olvido sino el peso de la calumnia y de la sospecha, lanzado a veces por los mismos que los asesinaron y torturaron”.

12 DE OCTUBRE: PATRIOTISMO DE ¿UN DÍA?

En esta España, la nuestra, si algo nos sobra, es ese complejo que tienen muchos a sentirse orgullosos de ser españoles, por miedo a ser tachados de “fachas”; excepto, por supuesto, cuando juega (bien) nuestra selección nacional. Por eso tengo que felicitar a NN.GG. por su campaña “Somos España”, en la que animan a todos los españoles a que salgan a la calle, por encima de ideologías, para festejar el día de la Hispanidad.

Pretenden, mediante esta iniciativa, hacer una defensa de España y de sus símbolos, frente a los ataques que están sufriendo a manos de los independentistas. Ataques que, además de ultrajar nuestra bandera, arremeten contra al Jefe del Estado con el único fin de crear un debate ficticio entre Monarquía o República, para posibilitar el advenimiento de una III República que serviría de coartada al desmantelamiento y desaparición de España.

Un día como el de la Hispanidad, tan señalado para la Historia y el ser de España, es el más apropiado para mostrar públicamente el orgullo de ser español. Pero, el envolverse en nuestra enseña, no es suficiente para frenar esta orgía independentista que nos embiste, mientras el Gobierno deja campar a sus anchas a las minorías nacionalistas.

La situación actual en España es tan excepcional que, si alguien no hace algo para poner freno a los ataques que sufre el Estado de derecho y nuestra Carta Magna, puede ser irreversible. Y, ante situaciones excepcionales, se requieren medidas excepcionales: por eso, la única respuesta posible a la convocatoria del referéndum independentista por parte del Gobierno Vasco es la suspensión de su Estatuto de Autonomía, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Sr. Rajoy: ¿será usted capaz de promover esta medida desde el senado, donde su grupo cuenta con mayoría, o seguirá dando respuestas a la gallega, mientras se reviste con la bandera de España, pensando en sus pactos postelectorales? Mientras se decide, permítame que le recuerde la definición que sobre patriota da la RAE: “Persona que tiene amor a su patria y procura todo su bien”.

LA CONVERSIÓN DE D. FEDERICO JIMÉNEZ LOSANTOS.

Lo reconozco, D. Federico no es santo de mi devoción pero, tras sus largas vacaciones, tenía ganas de escuchar su primer programa. Hay que reconocer que, se comparta o no sus puntos de vista, tiene mucho arte. Por eso mi gran sorpresa no fue comprobar que no ha perdido ese estilo propio de ataque directo y mordaz a sus enemigos, sino ver como alguien, cuya principal característica es la parcialidad, con motivo del nacimiento del nuevo partido de Rosa Díez, la alternativa al PSOE, se mostraba partidario de la pluralidad política e, incluso, de darle cancha desde su programa. ¿Se nos habrá convertido D. Federico?


El pasado lunes 3 de septiembre, sobre las 6.30 de la mañana, decía D. Federico entre otras cosas: "Menos mal, menos mal que aparecen partidos nuevos para hacer lo que los partidos grandes son incapaces de hacer por ineficacia, por burricie o simplemente por corrupción; porque están dispuestos, con tal de llegar al poder, (…) a abdicar de cualquier principio, a romper cualquier criterio, a traicionar a sus votantes en lo que sea. (…). Es decir, los ciudadanos van a votar asqueados, escupiendo, y tapándose la nariz. No hombre no, no hombre no. Si España se salva, cosa difícil porque zapatero está en enterrarla, (…), si se salva España no será, ni por lo que deshace el PSOE, ni por lo que hace el PP".

Pero, en mi opinión, detrás de esta aparente conversión al pluralismo democrático de D. Federico no hay nada más que una repetición de la estrategia que en su día utilizó con Ciutadans para presionar desde la COPE al PP, con la finalidad de que éste girara, más aún si cabe, hacia ese centrismo liberal y moralmente relativista que tanto le gusta. Al menos, mientras llega esa conversión tan esperada de D. Federico, quien parece el propietario de dicha cadena, y mientras éste levanta el veto que tiene puesto a las otras alternativas, las que además de españolas defienden la vida, la familia y las raíces cristianas, los responsables de la COPE se podrían plantear que aparte del PSOE, el PP, hoy por hoy, no defiende los valores cristianos que defiende su cadena y, por tanto, tienen la obligación moral de denunciarlo con el mismo hincapié que lo hacen con el PSOE.

ENLACES RELACIONADOS:

· RÉPLICA A JIMÉNEZ LOSANTOS [3/6/2005]

· JIMÉNEZ LOSANTOS REITERA SUS ATAQUES A AES [9/6/2005]

· AES GANA EN LOS TRIBUNALES A JIMÉNEZ LOSANTOS [17/2/2006]

EL FIN DE LA GUERRA DE LAS BANDERAS.

En el último episodio de ese más tira que afloja, entre los nacionalistas y el Estado de derecho, que supone la llamada guerra de las banderas, la mayoría de los medios de comunicación han pasado por alto un detalle más grave, si cabe, que la tomadura de pelo que supone colocar solamente veinte minutos la bandera española en el ayuntamiento de Bilbao: nuestra bandera nacional no ocupaba el lugar preeminente y de máximo honor, tal y como establece en sus artículos tercero y sexto la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas; quedando, por su posición, subordinada a la ikurriña.

Dicho conflicto, creado solamente por los independentistas, dura ya casi 30 años. Tiempo excesivo sin que ninguno de los gobiernos que hemos tenido, hasta la fecha, haya hecho lo suficiente para solucionarlo; dejando pasar el tiempo por un oportunismo político que, a cada día que pasa, hace más difícil su solución.

Las consecuencias principales de esta situación son dos: por un lado, la posición de fuerza que se está dejando tomar a los nacionalistas, que les permite avanzar en la destrucción de la Constitución y de la Nación española, y por otro, la pérdida de la confianza de los españoles en el Estado de derecho, al ver día a día como éste, por ése y otros asuntos, es incapaz de garantizar sus derechos e imponer sus obligaciones a todos los ciudadanos, lo que, a la larga, se traducirá en el descrédito del sistema democrático, que ya se vislumbra por el continuo incremento de la abstención electoral, y que podría traer nuevas formas de populismo totalitario.

Cuando el 16 de mayo un estudiante español, junto a otros compañeros, fue detenido por robo y ultraje a la bandera letona, a muchos les pareció excesiva la pena de hasta 6 años de cárcel con la que podía pagar su gamberrada. Probablemente, lo único que pretendían era llevarse un recuerdo de su viaje, un souvenir, más original que unas toallas sustraídas en un hotel. Y estoy seguro, de que, alguien que pertenece a una generación que no ha sido educada en el respeto a los símbolos nacionales, desconocía la gravedad de su delito: ultrajar un símbolo nacional equivale al ultraje de la propia Nación.

Si a los responsables de cualquier organismo oficial, que intencionadamente no colocan nuestra bandera nacional, la de todos, tal y como marca la ley, se les acusara de ultraje a la bandera, se les mandara unos cuantos años a la cárcel y se les inhabilitara de por vida para un cargo público, se terminaría la guerra de las banderas.

Por cierto, si piensan que este problema es exclusivo de las regiones gobernadas por los nacionalistas, les invito a que se den un paseo por Almuñécar (Granada) donde, además de dos instalaciones deportivas municipales, podrán ver un centro de salud, dependiente de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, en los que la única bandera que ondea al viento, en contra de lo que establece el art. 4 de la Constitución española, es: la de Andalucía.

EL PP Y SU INSUFICIENTE REFORMA DE LA LEY ELECTORAL.

D. José Manuel Otero Novas, en una reciente entrevista al semanario Época (25.05.2007), reconocía que el sistema electoral español fue aprobado durante la Transición, con carácter provisional, solamente para el periodo constituyente; con el fin de que, por consenso, todas las fuerzas políticas sancionaran la Constitución. Además, resaltaba el hecho de que, dicho sistema, prácticamente impone un bisagrismo -antidemocrático- que hace que las minorías tengan casi tanto peso como las mayorías.

La pasada semana D. Mariano Rajoy nos sorprendió con su propuesta de reforma de la ley electoral. Un radical cambio de postura por parte de alguien que hace poco, en el programa “tengo una pregunta para usted”, se negó rotundamente a aceptar dicha posibilidad, a pesar de reconocer que dicha ley perjudicaba a su partido.

Parece que las últimas elecciones autonómicas y municipales han hecho recapacitar al principal partido de la Oposición. Seguramente, el hecho de que haya perdido el gobierno de ayuntamientos y comunidades, en los que su partido ha sido el más votado, ha tendido que pesar mucho en ese cambio de posicionamiento.

Muchos votantes se alegrarán de que, al fin, alguien se decida a afrontar una necesaria reforma, demorada por todos los gobiernos anteriores, precisamente, por las cesiones a los nacionalismos que son los más beneficiados por nuestro sistema electoral. Pero, en realidad, la reforma que propone el PP es un parche que no soluciona el problema.

El principal problema del PP es que, a diferencia del PSOE que cuenta con IU, no tiene ningún partido nacional con quien gobernar. Por lo que su reforma, aunque posibilitaría que siempre gobernara el partido más votado, no le garantiza la gobernabilidad si no obtiene mayoría absoluta. El PP tendría que seguir tendiendo la mano a las minorías nacionalistas, pagándoles el precio que quieren: la liquidación de España.

La reforma que nos propone es claramente insuficiente, ya que no garantiza, tal y como establece la Constitución en el art.1.2, que la soberanía nacional resida realmente en el pueblo; seguiría impidiendo que los ciudadanos elijan libremente a sus representantes y que el voto de todos los españoles compute por igual. Reformas de la ley electoral, como las listas abiertas o la modificación de la Ley d'Hondt, para garantizar que el número de escaños que obtenga cada partido sea el equivalente al que se obtendría con una circunscripción única, son más importantes que garantizar que gobierne la lista más votada.

La razón por la que, los dos principales partidos, no se plantean emprender una reforma a fondo de la ley electoral, radica en el miedo que tienen a perder su estatus de partidos mayoritarios. Ya que, La reforma de la Ley d'Hondt, posibilitaría que otros partidos nacionales les hicieran sombra o, incluso, pudieran llegar a sustituirlos. Y es que, para los que el poder no es un medio para alcanzar el bien común, sino un fin en sí mismo, no hay ningún impedimento en dejar que gobiernen las minorías a cambio de poder sentarse en el sillón presidencial.

España necesita una segunda Transición; pero no la que ha puesto en marcha zapatero, dinamitando el estado y la constitución mediante las reformas estatutarias, sino una que proteja a nuestra Nación de los anticonstitucionales nacionalismos; y, para esto, los españoles necesitamos pasar de la democracia representativa, a la participativa.