LA FIESTA DE LA DEMOCRACIA

Lo que más gracia me hace de la llamada fiesta de la democracia es ver como, gane quien gane las elecciones, todos han ganado. Unos porque han sacado más diputados, otros porque han crecido en número de votos, el de más acá porque se ha asentado, el de más allá porque puede ser la llave del gobierno... y todos, todos los diputados y senadores, porque han conseguido ganarse el sueldo de los próximos cuatro años.

Sí. Una vez más, todos ganan y todos perdemos. Porque votar no es suficiente para construir una verdadera democracia, porque seguimos sin poder elegir libremente a nuestros representantes (listas cerradas en el Congreso), porque los votos de cada ciudadano no computan lo mismo según donde residan... y porque, todos, sufrimos la antítesis del pluralismo democrático en forma del peor bipartidismo posible: el que es prisionero de las minorías nacionalistas.

Pero si alguien no tiene derecho a quejarse de nuestro antidemocrático sistema electoral es IU. No es que no me parezca injusto que con más de 900.000 votos obtenga solamente dos diputados frente a los diez de CIU con unos 200.000 votos menos. Lo que no tiene sentido es quejarse ahora cuando, durante la anterior legislatura, tuvieron la oportunidad de solucionarlo en parte.

IU era partidaria, ya que modificar las circunscripciones provinciales supone una reforma de la Constitución, de la creación de un Colegio Nacional de Repartos, como los que existen en Alemania y Austria. Esta formación política proponía aumentar a de 350 a 380 (la Constitución permite hasta 400) el número de diputados; los 350 primeros se repartirían, como hasta ahora, entre las actuales circunscripciones provinciales; creándose una nueva circunscripción nacional en la que se asignarían los restantes, también mediante la Ley D´Hont, entre los votos sobrantes de todas las otras circunscripciones. Obviamente una iniciativa de este tipo, que contaría con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, no está bien vista por los dos grandes partidos nacionales que se benefician del sistema bipartidista español.

Cuando le interesa, la izquierda radical es una maestra en eso de crear tensión y, para una vez que podía prestar un servicio a la democracia, se nos durmió en los laureles: porque, cohabitando a la sombra del poder, se está muy a gusto y... calladito.

KOSOVO Y LA UNIDAD DE ESPAÑA.

La declaración unilateral de independencia de la provincia serbia de Kosovo, en contra del orden internacional establecido por Naciones Unidas, traerá a medio plazo graves consecuencias para la estabilidad en la zona.

Por un lado, se abren las puertas a un nuevo conflicto civil en Serbia, cuyo gobierno cuenta con el apoyo moral y militar de Rusia, mientras que los EE.UU. y sus satélites apoyan a Kosovo para mantener su hegemonía en la región. Por otro, la Unión Europea, carente de todo peso internacional, ha optado basándose en que dicha independencia no crea ningún precedente, por dejar que cada uno de sus miembros decida si reconoce o no la secesión de Serbia proclamada unilateralmente por su provincia de mayoría albanesa. Abriendo, en contra de su normativa interna, con el reconocimiento a favor de Alemania, Bélgica, Bulgaria, Francia, Italia, Polonia, Reino Unido y Suecia, la caja de Pandora de futuros conflictos similares en su seno. O lo que es lo mismo, la pertenencia a la UE no nos garantiza frenar internacionalmente el intento de secesión de cualquiera de nuestras regiones.

En este asunto, la postura del Gobierno Español ha sido de lo más ambigua, mientras que junto a Chipre, Eslovaquia, Grecia y Rumania, no ha reconocido la independencia de Kosovo, al mismo tiempo, va a contribuir a la fuerza internacional que intervendrá en la zona para facilitar el desarrollo de este nuevo país.

En España durante décadas se ha utilizado la educación, en las comunidades gobernadas por los nacionalistas, para adoctrinar en el odio a España, inventando naciones oprimidas donde solamente hay regiones que han contribuido, siglo tras siglo, a hacer grande nuestra Nación. Por no hablar de la “limpieza étnica” que se ha producido en vascongadas, en la que, mediante la coacción del terrorismo callejero y la falta de libertad que sufren los no nacionalistas, se ha forzado al auto-exilio a más de 250.000 vascos. Con el único fin de alcanzar una mayoría nacionalista que les garantice el sí en un referéndum de autodeterminación, saltándose el principio constitucional de que la soberanía reside en “todo” el pueblo español.

Por todo esto se hace necesaria, e indemorable, una reforma constitucional que blinde la unidad de España. Pero no una reforma como la que pretende el Partido Popular, basada en definir las competencias del estado a partir de las pocas que no se han transferido ya por los distintos gobiernos, directamente o mediante las reformas estatuarias, a los nacionalistas.

La reforma constitucional que necesitamos, y por la que apuesta Alternativa Española (AES), empieza por incluir, como lo hacen otras constituciones, una declaración de salvaguarda de la unidad de España, y por la recuperación por parte del estado de las competencias en materias como las sociosanitarias, educación, seguridad… así como la prohibición de cualquier partido político que tenga entre sus fines la disgregación de España.

Además, desde Alternativa Española (AES) proponemos una serie de medidas, encaminadas a acabar con el cáncer nacionalista y su desproporcionada representación electoral, entre las que se encuentran: el desarrollo orgánico del art. 155 de la Constitución, la reforma de la actual ley electoral para que un tercio de la cámara de representantes sea elegida mediante lista abierta en una única circunscripción nacional, y la promoción de la educación en el amor a la Patria y a sus símbolos desde la Infancia.

Con este tipo de medidas se garantizaría, además de la unidad de España, la igualdad de todos los españoles, en derechos y obligaciones, con independencia de la región en la que residan. Igualdad que recoge, pero no garantiza, nuestra Carta Magna.

NUESTRA IZQUIERDA.

Desde que hiciera pública su “Nota ante las elecciones generales de 2008”, la Conferencia Episcopal Española no ha dejado de sufrir, por parte de nuestra izquierda, descalificaciones, insultos, amenazas y, lo que es más grave en democracia, el que se le niegue el derecho a dar orientaciones a los católicos para que puedan votar libremente.

Nuestra izquierda, defensora “a ultranza” de la libertad de expresión de los “otros”, siempre y cuando, lo que digan esos “otros” no ponga en entredicho sus afirmaciones, no ha querido evolucionar democráticamente; mientras que, sin haber cortado aún el cordón umbilical que les une con su pasado totalitario, se presentan como “demócratas de toda la vida” y van repartiendo, por ahí, carnés de demócratas a sus afines.

Una vez más, a nuestra izquierda, le ha salido a flote ese anticlericalismo innato, que les caracteriza y que les ciega hasta el punto de nublarles la razón. Una ceguera, tan estúpida, que les ha impedido ver y aprovechar una irrepetible oportunidad de perjudicar políticamente a los populares.

Si nuestra izquierda, en vez de hacerse como siempre la víctima, se hubiera mostrado indiferente ante unas orientaciones que no condicionan a los no católicos, habría podido dejar en evidencia (y con razón) a un PP que, según dichas orientaciones, tampoco puede ser receptor del voto católico; pues, el Partido Popular, no defiende la familia, al no querer derogar las uniones homosexuales (simplemente cambiarles el nombre) y el divorcio exprés; ni la vida, al no pretender abolir la investigación con embriones humanos y el aborto.

Visto lo visto durante los últimos 30 años, tengo la sensación de que falta mucho tiempo para que nuestra Izquierda se reconvierta a la social democracia. Claro que, en honor a la verdad, se observan algunas mejoras: ya no iluminan las iglesias prendiéndolas, igual que en los años 30, sino que optan por nuevas formas de desamortización como la amenaza de quitarle la financiación. Una financiación que sale, solamente, de los que libremente marcan la casilla de la Iglesia en su declaración de la renta; y que la Iglesia, devuelve a toda la sociedad, ahorrando al estado más de 30.000 millones de euros con sus obras sociales.

LOS ESCÁNDALOS DE LA COPE.

Me entristece ver cómo, día a día, la emisora COPE se aleja cada vez más de ese "somos libres", del que tanto hacen gala; puesto que la libertad, para ser real, es inseparable de la verdad: "la verdad os hará libres" (Jn 8, 32). [Art. 38]

Una emisora de este tipo no puede conformarse con ser otro medio de comunicación más al servicio de cualquier grupo mediático, sino que tiene encomendada una misión mucho más importante: impregnar a la opinión pública, a sus oyentes, de una visión cristiana de la vida que colabore a crear una sociedad más justa. [Art. 57-59]

Por eso, en mi opinión, es inaceptable que para alcanzar una elevada cuota de audiencia se esté propiciando el escándalo entre sus oyentes; entendiendo, por escándalo, la "Acción o palabra que es causa de que alguien obre mal o piense mal de otra persona (R.A.E.)".

Un ejemplo de este escándalo lo tenemos con el tema del aborto. A modo de ejemplo, el pasado día 20 de diciembre, D. Federico defendía, desde la emisora propiedad de la Conferencia Episcopal y en contra de la doctrina tradicional de la Iglesia, los dos primeros supuestos del aborto, afirmando que: “(…) Pero es que la ley, por consenso, ¡está bien hecha! en los dos primeros asuntos y tiene un respaldo, el de la violación, embarazos producto de una violación o de malformación grave del feto. Bueno, pues que… me parece que en las encuestas había un 90% de apoyo en la población: católicos, no católicos, etc. (…)” [escuchar 13:00 – 15:50]

Una afirmación de este tipo puede inducir a pensar erróneamente a cualquier oyente, sin la formación necesaria, que la licitud moral de una ley radica solamente en el consenso (aunque no se legisle desde el ejercicio de la recta razón) [Art. 27] y que por consiguiente el aborto, al menos en sus dos primeros supuestos, es éticamente aceptable.
A este tipo de escándalos se pueden añadir otros como la difamación de personas o entidades, el no respetar el derecho de rectificación o las amenazas; escándalos que también dañan la credibilidad de la COPE. [Pag. 8- Art: “En las elecciones te espero”]

Por supuesto que, en una radio sin censura, no es de recibo vetar a ciertos tertulianos, por el hecho de que su opinión diste de la línea editorial de la emisora. Además, esto es muy positivo en cuanto enriquece el debate y el nivel de las argumentaciones. Pero entiendo que, a la hora de elegir a los directores de los programas por su capacidad de formar opinión, es un grave error mirar más las cuotas de audiencia que su comunión con los valores que dice defender esta emisora.

Que no se engañe la Conferencia Episcopal: Losantos, a pesar de la carta blanca que tiene para decir y hacer lo que quiera en su programa, tarde o temprano, se marchará de la COPE; y como el flautista de Hamelín se llevará también su audiencia, una audiencia formada en el relativismo moral de este locutor, por no haber puesto en su sitio, a D. Federico, en su día.

APOSTEMOS POR LA CULTURA DE LA VIDA.

Recuerdo perfectamente cuando Juan Pablo II, en la Encíclica Evangelium Vitae (25 de marzo de 1995), nos exhortaba a implantar en la sociedad una cultura que, a diferencia de la que se estaba estableciendo sutilmente en las sociedades modernas, él denominada cultura de vida. Quien mejor que él, que había sufrido los materialismos ateos del nazismo y del comunismo, podía ver como una nueva forma de materialismo ateo se imponía en las sociedades democráticas, implantando la cultura de la muerte.

Lamentablemente no se equivocó y, en España, también seguimos el mismo camino. Primero fue con los gobiernos del PSOE que, fruto de su coherencia ideológica, introdujeron la despenalización del aborto. Luego, durante los gobiernos del PP, esta vez desde su incoherencia ideológica, no solamente no se legisló para volver a penalizarlo sino que se amplió con las píldoras abortivas RU-486 y la PDD, además de abrir el camino de la investigación con embriones con la ley 45/2003. Actualmente, con el retorno del PSOE, se ha avanzado en la experimentación con embriones con la ley de reproducción humana asistida, mientras manipulan a la sociedad con eufemismos como la muerte digna para introducir en un futuro la legalización de la eutanasia.

Pero permítanme que me centre, por su actualidad informativa, en el tema del aborto. Desde su despenalización el número de abortos legales ha crecido de forma escandalosa; ya en 1996, al final de los gobiernos socialistas, rondaba los 52.000 anuales, y en 2004, al terminar la segunda legislatura popular, los 85.000. Se calcula que, en la actualidad, se han podido alcanzar los 100.000 abortos al año, lo que supone un millón de asesinatos desde su despenalización en 1985.

Durante todos estos años se ha dado la paradoja de que, mientras por un lado, no se daban alternativas a las mujeres y se les imponía el aborto como la única salida a sus problemas, por otro, las administraciones, ante este negocio tan lucrativo, miraban hacia otro lado dejando que se produjera un fraude de ley que ha permitido, en la práctica, amparándose en el supuesto de peligro psíquico para la madre, que el aborto fuera libre en nuestro país, al carecer de plazos.

Ya en el año 2004, el semanario Época descubría, con métodos de tipo cámara oculta, cómo las empresas abortistas contratan psicólogos para firmar informes falsos, y poder realizar abortos a la carta sobre fetos de incluso siete meses, cobrando por ello sumas astronómicas. A pesar de lo cual, ninguna administración actuó de oficio instando algún tipo de investigación. Muchas han sido las denuncias que, durante estos años, diversos colectivos provida han realizado sin que nadie hiciera nada, a la vez que sufrían un vergonzoso silencio mediático.

Lo mismo hubiera ocurrido con las imágenes del programa de la televisión danesa, que nos mostraron ese mismo secreto a voces, si no fuera por la tenacidad del partido Alternativa Española que presentó una querella criminal contra el doctor Morín y que tuvo que hacer frente a una cuantiosa fianza para que continuara el procedimiento. Como consecuencia de esta querella se han producido varias detenciones, entre ellas la del Dr. Morín, y se ha procedido al cierre cautelar de las clínicas de su propiedad. Pero, la consecuencia más importante, es que se abre una puerta a la esperanza de que algún día se acabe con esta lacra.

A pesar de que la obligación moral de cualquier político católico es hacer todo lo posible por acabar con las leyes que imponen esta cultura de la muerte, legislando desde el Congreso y el Senado, o minimizando sus consecuencias desde los gobiernos autonómicos, donde, a pesar de carecer de poder legislativo, tienen transferidas las competencias en materia de sanidad, llevamos 22 años sin que ningún gobierno, sea del color que sea, haga nada al respecto.

En definitiva, el mal llamado mal menor no es una solución moral y éticamente aceptable; no solamente porque existe un bien posible, sino porque, por sus consecuencias, es una aberración. Por eso, en las próximas elecciones, tendremos que elegir entre ser coherentes y dar nuestro voto a quien apueste de verdad por la cultura de la vida, o seguir manchándonos las manos con la sangre de inocentes mediante el voto útil.