Recuerdo perfectamente cuando Juan Pablo II, en la Encíclica Evangelium Vitae (25 de marzo de 1995), nos exhortaba a implantar en la sociedad una cultura que, a diferencia de la que se estaba estableciendo sutilmente en las sociedades modernas, él denominada cultura de vida. Quien mejor que él, que había sufrido los materialismos ateos del nazismo y del comunismo, podía ver como una nueva forma de materialismo ateo se imponía en las sociedades democráticas, implantando la cultura de la muerte.
Lamentablemente no se equivocó y, en España, también seguimos el mismo camino. Primero fue con los gobiernos del PSOE que, fruto de su coherencia ideológica, introdujeron la despenalización del aborto. Luego, durante los gobiernos del PP, esta vez desde su incoherencia ideológica, no solamente no se legisló para volver a penalizarlo sino que se amplió con las píldoras abortivas RU-486 y la PDD, además de abrir el camino de la investigación con embriones con la ley 45/2003. Actualmente, con el retorno del PSOE, se ha avanzado en la experimentación con embriones con la ley de reproducción humana asistida, mientras manipulan a la sociedad con eufemismos como la muerte digna para introducir en un futuro la legalización de la eutanasia.
Pero permítanme que me centre, por su actualidad informativa, en el tema del aborto. Desde su despenalización el número de abortos legales ha crecido de forma escandalosa; ya en 1996, al final de los gobiernos socialistas, rondaba los 52.000 anuales, y en 2004, al terminar la segunda legislatura popular, los 85.000. Se calcula que, en la actualidad, se han podido alcanzar los 100.000 abortos al año, lo que supone un millón de asesinatos desde su despenalización en 1985.
Durante todos estos años se ha dado la paradoja de que, mientras por un lado, no se daban alternativas a las mujeres y se les imponía el aborto como la única salida a sus problemas, por otro, las administraciones, ante este negocio tan lucrativo, miraban hacia otro lado dejando que se produjera un fraude de ley que ha permitido, en la práctica, amparándose en el supuesto de peligro psíquico para la madre, que el aborto fuera libre en nuestro país, al carecer de plazos.
Ya en el año 2004, el semanario Época descubría, con métodos de tipo cámara oculta, cómo las empresas abortistas contratan psicólogos para firmar informes falsos, y poder realizar abortos a la carta sobre fetos de incluso siete meses, cobrando por ello sumas astronómicas. A pesar de lo cual, ninguna administración actuó de oficio instando algún tipo de investigación. Muchas han sido las denuncias que, durante estos años, diversos colectivos provida han realizado sin que nadie hiciera nada, a la vez que sufrían un vergonzoso silencio mediático.
Lo mismo hubiera ocurrido con las imágenes del programa de la televisión danesa, que nos mostraron ese mismo secreto a voces, si no fuera por la tenacidad del partido Alternativa Española que presentó una querella criminal contra el doctor Morín y que tuvo que hacer frente a una cuantiosa fianza para que continuara el procedimiento. Como consecuencia de esta querella se han producido varias detenciones, entre ellas la del Dr. Morín, y se ha procedido al cierre cautelar de las clínicas de su propiedad. Pero, la consecuencia más importante, es que se abre una puerta a la esperanza de que algún día se acabe con esta lacra.
A pesar de que la obligación moral de cualquier político católico es hacer todo lo posible por acabar con las leyes que imponen esta cultura de la muerte, legislando desde el Congreso y el Senado, o minimizando sus consecuencias desde los gobiernos autonómicos, donde, a pesar de carecer de poder legislativo, tienen transferidas las competencias en materia de sanidad, llevamos 22 años sin que ningún gobierno, sea del color que sea, haga nada al respecto.
En definitiva, el mal llamado mal menor no es una solución moral y éticamente aceptable; no solamente porque existe un bien posible, sino porque, por sus consecuencias, es una aberración. Por eso, en las próximas elecciones, tendremos que elegir entre ser coherentes y dar nuestro voto a quien apueste de verdad por la cultura de la vida, o seguir manchándonos las manos con la sangre de inocentes mediante el voto útil.
Lamentablemente no se equivocó y, en España, también seguimos el mismo camino. Primero fue con los gobiernos del PSOE que, fruto de su coherencia ideológica, introdujeron la despenalización del aborto. Luego, durante los gobiernos del PP, esta vez desde su incoherencia ideológica, no solamente no se legisló para volver a penalizarlo sino que se amplió con las píldoras abortivas RU-486 y la PDD, además de abrir el camino de la investigación con embriones con la ley 45/2003. Actualmente, con el retorno del PSOE, se ha avanzado en la experimentación con embriones con la ley de reproducción humana asistida, mientras manipulan a la sociedad con eufemismos como la muerte digna para introducir en un futuro la legalización de la eutanasia.
Pero permítanme que me centre, por su actualidad informativa, en el tema del aborto. Desde su despenalización el número de abortos legales ha crecido de forma escandalosa; ya en 1996, al final de los gobiernos socialistas, rondaba los 52.000 anuales, y en 2004, al terminar la segunda legislatura popular, los 85.000. Se calcula que, en la actualidad, se han podido alcanzar los 100.000 abortos al año, lo que supone un millón de asesinatos desde su despenalización en 1985.
Durante todos estos años se ha dado la paradoja de que, mientras por un lado, no se daban alternativas a las mujeres y se les imponía el aborto como la única salida a sus problemas, por otro, las administraciones, ante este negocio tan lucrativo, miraban hacia otro lado dejando que se produjera un fraude de ley que ha permitido, en la práctica, amparándose en el supuesto de peligro psíquico para la madre, que el aborto fuera libre en nuestro país, al carecer de plazos.
Ya en el año 2004, el semanario Época descubría, con métodos de tipo cámara oculta, cómo las empresas abortistas contratan psicólogos para firmar informes falsos, y poder realizar abortos a la carta sobre fetos de incluso siete meses, cobrando por ello sumas astronómicas. A pesar de lo cual, ninguna administración actuó de oficio instando algún tipo de investigación. Muchas han sido las denuncias que, durante estos años, diversos colectivos provida han realizado sin que nadie hiciera nada, a la vez que sufrían un vergonzoso silencio mediático.
Lo mismo hubiera ocurrido con las imágenes del programa de la televisión danesa, que nos mostraron ese mismo secreto a voces, si no fuera por la tenacidad del partido Alternativa Española que presentó una querella criminal contra el doctor Morín y que tuvo que hacer frente a una cuantiosa fianza para que continuara el procedimiento. Como consecuencia de esta querella se han producido varias detenciones, entre ellas la del Dr. Morín, y se ha procedido al cierre cautelar de las clínicas de su propiedad. Pero, la consecuencia más importante, es que se abre una puerta a la esperanza de que algún día se acabe con esta lacra.
A pesar de que la obligación moral de cualquier político católico es hacer todo lo posible por acabar con las leyes que imponen esta cultura de la muerte, legislando desde el Congreso y el Senado, o minimizando sus consecuencias desde los gobiernos autonómicos, donde, a pesar de carecer de poder legislativo, tienen transferidas las competencias en materia de sanidad, llevamos 22 años sin que ningún gobierno, sea del color que sea, haga nada al respecto.
En definitiva, el mal llamado mal menor no es una solución moral y éticamente aceptable; no solamente porque existe un bien posible, sino porque, por sus consecuencias, es una aberración. Por eso, en las próximas elecciones, tendremos que elegir entre ser coherentes y dar nuestro voto a quien apueste de verdad por la cultura de la vida, o seguir manchándonos las manos con la sangre de inocentes mediante el voto útil.
