EL PP Y SU INSUFICIENTE REFORMA DE LA LEY ELECTORAL.

D. José Manuel Otero Novas, en una reciente entrevista al semanario Época (25.05.2007), reconocía que el sistema electoral español fue aprobado durante la Transición, con carácter provisional, solamente para el periodo constituyente; con el fin de que, por consenso, todas las fuerzas políticas sancionaran la Constitución. Además, resaltaba el hecho de que, dicho sistema, prácticamente impone un bisagrismo -antidemocrático- que hace que las minorías tengan casi tanto peso como las mayorías.

La pasada semana D. Mariano Rajoy nos sorprendió con su propuesta de reforma de la ley electoral. Un radical cambio de postura por parte de alguien que hace poco, en el programa “tengo una pregunta para usted”, se negó rotundamente a aceptar dicha posibilidad, a pesar de reconocer que dicha ley perjudicaba a su partido.

Parece que las últimas elecciones autonómicas y municipales han hecho recapacitar al principal partido de la Oposición. Seguramente, el hecho de que haya perdido el gobierno de ayuntamientos y comunidades, en los que su partido ha sido el más votado, ha tendido que pesar mucho en ese cambio de posicionamiento.

Muchos votantes se alegrarán de que, al fin, alguien se decida a afrontar una necesaria reforma, demorada por todos los gobiernos anteriores, precisamente, por las cesiones a los nacionalismos que son los más beneficiados por nuestro sistema electoral. Pero, en realidad, la reforma que propone el PP es un parche que no soluciona el problema.

El principal problema del PP es que, a diferencia del PSOE que cuenta con IU, no tiene ningún partido nacional con quien gobernar. Por lo que su reforma, aunque posibilitaría que siempre gobernara el partido más votado, no le garantiza la gobernabilidad si no obtiene mayoría absoluta. El PP tendría que seguir tendiendo la mano a las minorías nacionalistas, pagándoles el precio que quieren: la liquidación de España.

La reforma que nos propone es claramente insuficiente, ya que no garantiza, tal y como establece la Constitución en el art.1.2, que la soberanía nacional resida realmente en el pueblo; seguiría impidiendo que los ciudadanos elijan libremente a sus representantes y que el voto de todos los españoles compute por igual. Reformas de la ley electoral, como las listas abiertas o la modificación de la Ley d'Hondt, para garantizar que el número de escaños que obtenga cada partido sea el equivalente al que se obtendría con una circunscripción única, son más importantes que garantizar que gobierne la lista más votada.

La razón por la que, los dos principales partidos, no se plantean emprender una reforma a fondo de la ley electoral, radica en el miedo que tienen a perder su estatus de partidos mayoritarios. Ya que, La reforma de la Ley d'Hondt, posibilitaría que otros partidos nacionales les hicieran sombra o, incluso, pudieran llegar a sustituirlos. Y es que, para los que el poder no es un medio para alcanzar el bien común, sino un fin en sí mismo, no hay ningún impedimento en dejar que gobiernen las minorías a cambio de poder sentarse en el sillón presidencial.

España necesita una segunda Transición; pero no la que ha puesto en marcha zapatero, dinamitando el estado y la constitución mediante las reformas estatutarias, sino una que proteja a nuestra Nación de los anticonstitucionales nacionalismos; y, para esto, los españoles necesitamos pasar de la democracia representativa, a la participativa.