Recientemente el Episcopado andaluz ha hecho pública una nota, muy clara por cierto, en la que han manifestado su preocupación ante el proyecto de reforma del estatuto de Andalucía, por lo que supone en cuanto ataque a la vida, la familia, la libertad de educación, la libertad religiosa y a la unidad de España; que traducido, equivale a pedirnos que nos opongamos a su aprobación.
Inmediatamente después (¿casualmente?) la Junta de Andalucía, a petición de un padre, ha dado orden de retirar los símbolos religiosos de un colegio público en Baeza, y ha prohibido cualquier tipo de actividad relacionada con la religión; permitiendo “sacar del armario” los crucifijos solamente durante las clases de religión, añadiendo con retintín: “mientras ésta todavía exista”.
La Junta argumenta que, según el art. 16.3 de la Constitución: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, confundiendo el término aconfesional con el de “ateo – laicismo”, ya que no termina de leer el artículo: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española.
Cabe plantearse si el progresismo, que se presenta como único defensor de derechos y libertades, peca de incoherente, pero, tras analizar su “modus operandi”, podemos ver con claridad todo lo contrario; ya que se propone destruir la sociedad para crear una nueva. Ésta sociedad, que surgiría de sus cenizas, estaría formada por individuos, en la máxima acepción de la palabra, individualistas y sin lazos familiares, sin valores morales e incultos; en definitiva, que confundirían la libertad con el libertinaje, y que tendrían como única premisa “el todo vale”. Dicha sociedad, débil y por tanto manejable, sería el instrumento necesario para poder perpetuarse en el poder, que dicho sea de paso, es el último fin del progresismo.
Por esto, el progresismo, añorante del lado más oscuro de la segunda república (ha cambiado los métodos pero no los fines), tiene en marcha una estrategia de acoso y derribo a las familias, ya que son los cimientos de nuestra sociedad, utilizando maquiavélicamente la educación como medio de adoctrinamiento y transformación amoral de los individuos.
Ante esto, la única voz (con repercusión mediática) que se alza es la de la Iglesia. No es de extrañar, por tanto, que el progresismo saque a relucir la financiación de la Iglesia cada vez que ésta alerta de estos peligros, o que la quiera presentar como una entidad arcaica que se opone radicalmente al progreso de la sociedad. Por esto, su gran meta no es otra que condenar al ámbito privado la religión, sin dejar de aspirar a su erradicación.
Espero que, nuestros progresistas, sean más coherentes todavía, y que ninguno de sus representantes participe en ningún acto religioso, por muy institucional que sea, y que, durante las próximas cruces de mayo, no monten ninguna “cruz - barra” de nuevo.
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